Diurnarius

¿Agresión deliberada o acción premeditada?

Siempre será reprobable y condenable cualquier agresión física o verbal, en contra de periodistas, comunicadores, reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos o personas relacionadas con los medios de comunicación; pero aun, es más reproblable la actitud del gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, que solo se indigna y condene la agresión a un reportero, cuando es ofendido o lastimado por ciudadanos; pero no cuando son amenazados o agredidos por policías, agentes ministeriales o funcionarios de su gobierno, ahí guarda silencio, oculta la información y misteriosamente los “cómplices del silencio” no mencionan nada o tocan el tema muy a la ligera.

Sin embargo, nos queda claro que la agresión de la que fue víctima la reportera y camarógrafo de TV Azteca Colima, el pasado domingo durante la liberación de la caseta de Cuyutlán, por parte de “supuestos manifestantes”; pretende ser aprovechado por el gobernador, para justificar la intervención de los cuerpos de seguridad pública estatales y federales, para reprimir a los manifestantes del Consejo Nacional de Ciudadanos y personas que se han sumado al movimiento de “desobediencia civil”, y que han afectado con sus acciones los intereses económicos del concesionario de la caseta, al dar el paso libre a vehículos particulares y de carga; por lo que no nos extrañe que la próxima vez que manifestantes tomen la caseta intervengan la policía estatal y federal con el argumento de que van a protegen a los periodistas y terminen deteniendo y golpeando activistas.

Pero quizá los más alármate y reprobable, es ver como se pretende utilizar al propio gremio periodístico de Colima, y a la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado (Copip), para hacer ver a los manifestantes como criminales, cuando ni siquiera se les ha dado la oportunidad de defenderse o de argumentar en su defensa, incluso nadie ha comprobado que las personas que agredieron a la reportera y camarógrafo, en realidad sean miembros del Consejo Nacional Ciudadano; porque al igual los agresores también pudieran ser gente infiltrada con órdenes de generar un conflicto, para desacreditar el “movimiento de desobediencia civil”, y justificar la intervención de la fuerza pública.

Versión que pudiera ser posible, y más conociendo los antecedentes del concesionario de la caseta, que hasta provocadores ha contratado buscando una clara confrontación con los manifestantes y con los usuarios de la carretera a los que también han agredido verbal, física y en sus vehículos, pero casualmente estás agresiones no le han causado indignación a José Ignacio Peralta, ni le han importado.

Por lo que también existe la posibilidad de que la agresión haya sido un acto premeditado, y más fuerza toma esta versión si analizamos el comportamiento y reacción que tuvo el Ejecutivo Estatal, y la Coordinación General de Comunicación de Gobierno del Estado, Asociaciones de periodistas a fines al gobernador y la rapidez con la que actuó la Copip, para condenar el hecho, cosa que nunca se había visto en el estado ante una agresiones a periodistas, lo que definitivamente genera dudas razonables, de sí en realidad ¡fue una agresión deliberada o una acción premeditada?.

Pero quizá lo más extraño, es que pese a lo violento que es el estado, y los riesgos que corren los periodistas al realizar su trabajo, hasta ahora no se hayan difundido protocolos de seguridad para periodistas; desafortunadamente en el conflicto de la caseta de Cuyutlán o para la cobertura de eventos de alto impacto, ni la Copip, ni las asociaciones de periodistas, han hecho un llamado al gremio para que al cubrir este tipo de eventos tomen las medidas mínimas de seguridad o seguir los protocolos internacionales de seguridad y protección a periodistas, ya que no hay que no deben olvidar que Colima, es de los estado más violentos del país.

miguelinosan@yahoo.com.mx