Necesitamos garantizar el uso eficiente de los recursos públicos: Mely Romero

*Mi gestión legislativa será apegada al esquema de gobierno abierto, afirma la candidata

En Colima seguiremos reforzando el esquema de gobierno abierto y mi gestión legislativa así será, totalmente transparente, subrayó Mely Romero, al referirse a una estructura tecnológica que le permite a un gobierno legitimar su actuar: desde sus compras y contrataciones, hasta la nómina y el listado de obras y servicios.

“En sí, todo lo que tenga qué ver con el ejercicio de los recursos públicos”, señaló la candidata de la coalición Todos por México a Diputada Federal por el Distrito 1.

Lo que se busca en este Gobierno Abierto, dijo Mely Romero, es que los ciudadanos analicen la información de acceso público, sean críticos y comparen los datos para que ellos mismos evidencien las irregularidades que se puedan cometer.

“Necesitamos garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y transparentar al máximo toda la información del ejercicio de gobierno, para combatir la corrupción a cabalidad y eliminar cualquier mal uso de esos recursos. Eso lo vamos a lograr con un Gobierno Abierto, pero también con mucha participación ciudadana”, dijo la candidata del PRI-PVEM-Panal.

Mely Romero recordó que esta propuesta surgió de los ciudadanos en uno de los Laboratorios de Soluciones, y “estoy convencida que podemos impulsar un Gobierno Abierto que pueda ayudar a Colima a avanzar, porque tenemos que utilizar la tecnología para transparentar nuestras acciones”.

En ese sentido, se comprometió a que “como Diputada Federal implementaré una plataforma tecnológica para tener constante comunicación con la ciudadanía, y para que ellos puedan darle seguimiento a sus planteamientos, del avance en su resolución o gestión. De esta manera, estaré plenamente transparentando mi actuar, mis gestiones, mis iniciativas y la manera en la que estoy votando cualquier iniciativa o reforma de ley”.

Romero Celis dijo que el objetivo de combatir la corrupción también se puede lograr a través de un Contraloría Social o Fiscalía Ciudadana, que sea vigilante del ejercicio de los recursos públicos, le dé seguimiento a las obras, realice auditorías y proponga sanciones a los responsables de cualquier acto ilícito o ilegal.