Vislumbres: La risa de MAM

LA RISA DE MAM. –

Hola. En primer término, quiero referirme a la exageradamente tardía inculpación que del ex gobernador Mario Anguiano Moreno hicieron 22 de los 25 diputados de la quincuagésima octava legislatura estatal, cuando apenas les faltaban unas pocas horas para concluir su periodo como tales y, en segundo, a la sospechosa autorización que unas horas después, ellos mismos le autorizaron al gobierno estatal en funciones para adquirir un nuevo crédito.

Conozco a Mario Anguiano desde hace veintitantos años y, pese a todo lo malo que se haya dicho de él, no creo que sea un individuo cínico ni tenebroso, como sí hay otros políticos muy conocidos en nuestra entidad. Pero ¿por qué digo esto antes de referirme al “castigo” que le acaban de imponer los diputados salientes? Pues porque aún sin ser cínico, Mario se da perfecta cuenta de que para nada le daña el hecho de que lo hayan condenado a no ocupar ningún otro cargo público durante los próximos 14 años, en la medida de que él ya logró ser lo máximo que podría haber sido en nuestra entidad, y en la medida, también, de que si las cosas siguen como han sido, él va a seguir cobrando su pensión como ex gobernador hasta que “la muerte lo separe” de ella. Y poco le importará en consecuencia que le impidan ser otra vez un funcionario equis.

Dentro de ese tenor, los diputados salientes (que se tardaron ¡tres años completos para emitir ese dictamen furris) dicen que del préstamo de 638 millones de pesos que sus antecesores le autorizaron a MAM, éste traspasó 125 millones 174 mil 928 pesos a Banorte, para amortiguar otra deuda que se tenía con esa entidad bancaria; 190 millones más al banco HSBC y 200 más a Bancomer, por situaciones similares. Sumando en total esos 515 millones 174 mil 928 que son los que hoy le están cobrando. Todo ello pese a que al final de su alegato reconocen explícitamente que tales “recursos no fueron sustraídos [de las cajas del gobierno] ni se causó un menoscabo a los cauda­les públicos”, y que, si bien fueron utilizados “para la operatividad del Gobierno del Estado, hubo aplicaciones para fines distin­tos a los autorizados”. Una acusación, la verdad, tan insulsa y tan débil, que mueve a la risa, porque MAM podrá muy bien, en su momento, argüir que, si ese dinero lo destinó para amortizar tres créditos anteriores que sí habían sido destinados en su momento para generar infraestructura pública, en vez de daño le hizo un bien a la administración estatal. Como en su momento quedó expuesto en el oficio que envió el Secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, el 10 de septiembre de 2015, y se publicó en el Decreto # 565 mediante el que la LVII Legislatura Estatal aprobó dicho crédito.

“¿Por qué, pues, habré de devolver – argumentará Mario- un dinero que no me robé y que sólo fue destinado a renegociar otras deudas de la administración estatal?” Y lo más seguro es que no habrá nadie que lo meta a la cárcel por negarse a ello.

LA OTRA CARA. –

Como complemento del dictamen furris y mal hecho que acabamos de comentar está el dato de que, ni a Rafael Gutiérrez Villalobos, ni a Blanca Isabel Ávalos Fernández, secretario de Gobierno y secretaria de Finanzas en la administración anguianista, los condenaron a devolver un solo peso de la misma cantidad “desviada”, siendo que ambos fueron partícipes en el supuesto “enjuague” que habría sido promovido por su antiguo jefe. Y sólo los habrían condenado los diputados de ayer a no ocupar ningún otro cargo público durante los próximos cinco y cuatro años, respectivamente. Como si a “Rafa”, empresario exitoso, le interesara conseguir otra chambita.

Pero para completar esta faramalla legislativa, esos mismos diputados salientes, terminaron por aprobar, también a unas pocas horas antes de irse a sus casas, otro nuevo crédito a José Ignacio Peralta Sánchez, de 410 millones de pesos, para ciertas “inversiones públicas productivas”.

Cifra de la cual se tendrían que destinar “200 millones para la adquisición de terrenos, 60 millones para salud” y el resto para la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (o C-5), del gobierno estatal.

Analizando el dato ¿son ésas, de veras, “inversiones productivas”? Y, por otro lado, al revisar uno de los párrafos que el gobernador pronunció en la rueda de prensa que dio para explicar los detalles del préstamo solicitado, notamos que los “200 millones de pesos se desti­narán para la compra del te­rreno en donde actualmente se ubica la XX Zona Militar”, no obstante que unos pocos meses atrás se había informado que el propio gobierno estatal compró los potreros en donde ahorita se están terminando de edificar las nuevas instalaciones militares, y se nos dio a entender que para quedarse con ese gigantesco predio, la Sedena habría decidido permutar el terrenito de la Calzada Galván. ¿Ahora resulta que tampoco eso era cierto?

Y ya por último, ¿con qué derecho el gobierno estatal contrata un crédito para que sea liquidado en 240 meses, lastrando con eso a las tres administraciones estatales que seguirán a ésta?

En uno de los artículos que contiene el Decreto 565 del 21 de septiembre de hace tres años, los diputados salientes de aquel entonces, reconocían la existencia de una deuda pública de 2,199 millones 300 mil pesos. Pero el periodista Miguel Ángel Sánchez Romero reporta que el Osafig (Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado) reconoce que la deuda actual asciende a “4 mil 231 millones de pesos, monto al que se sumarían los 410 millones autorizados por el Congreso del Estado”. ¿Se puede llamar a eso finanzas sanas?

Aritméticamente estaríamos hablando de que, durante los tres años que lleva la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, la deuda pública estatal habría aumentado más del 100 % en comparación a como la recibió. ¿Hasta dónde la llevará durante los tres años que lamentablemente le faltan?

EL NUEVO CONGRESO. –

A propósito de este asunto, durante la primera sesión solemne de la LIX Legislatura, alguien gritó que a los nuevos diputados les toca derogar el decreto mediante el que sus antecesores le aprobaron a JIPS el empréstito que comentamos. Pero ¿podrán hacerlo? ¿Se animarán a hacerlo?

Algo que indudablemente ha cambiado con el traspaso de una legislatura a otra es la correlación de fuerzas entre los partidos que ayer fueron opositores y los que ahora transitan, con evidente amargura, en ese triste bando, pero ¿qué tanto habrá de durar esa correlación hoy favorable al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)?

Si nuestros hoy nuevos representantes populares interpretaran de la manera más razonable posible el modo en que el electorado se comportó el primer domingo de julio anterior, deberían de tener ya muy claro que, tanto los actuales de la oposición, como los que tienen la mayoría, fueron subidos a la rueda de la fortuna de la política no por sus propios méritos sino por su pura buena suerte, ya que los opositores fueron (y por ende son) los únicos elementos que lograron salvarse de la debacle política que para sus respectivos partidos implicó “el tsunami Amlo”, y que casi lo mismo (pero a la inversa) les sucedió a quienes hoy quedaron circunstancialmente insertos en las bancadas mayoritarias, porque, para decirlo de un modo descarnado, la mayoría de ellos no tenía ninguna posibilidad de ganar por sí mismos la contienda en que participaron, y si lograron encaramarse a donde están, fue porque se sumaron en la fuerza irresistible que dicho tsunami comenzó a tomar desde noviembre del año pasado.

Vistas así las cosas, a todos estos últimos les debería quedar todavía más claro, también, que si se portan como los electores esperamos que se porten (“a la altura de las circunstancias, pues”), nosotros mismos nos encargaremos de brindarles el apoyo que requieren para iniciar o continuar sus respectivas carreras políticas; pero que si no se esfuerzan por dar el acho y sólo enseñan el cobre, sus carreras políticas serán fugaces, y sus expectativas en ese mismo sentido durarán, máximo, los tres años que dure el periodo para el que de chiripa resultaron electos. Todo ello porque, como bien lo deben de saber, los electores emitimos nuestros votos a su favor sólo porque iban en compañía de Amlo, y no porque reconociéramos sus méritos.

Hemos sabido, sin embargo, que, lamentablemente hay varios de ellos a los que todavía no les cabe en sus entendederas que “deben sufrir para merecer”, y que por el solo hecho de ya estar en donde están piensan que todo su futuro está marcado por el éxito, pero no será así. Y estarán muy equivocados quienes de ese modo opinen.

La mejor prueba la podrán haber constatado ellos mismos al observar el implacable juicio popular al que, durante la primera sesión solemne, algunos de los electores le aplicaron, con encorajinados y destemplados gritos, al diputado plurinominal priista Rogelio Rueda Sánchez, quien, aunque trataba de dar la impresión de no sentirse afectado por aquella avalancha de reclamos, estaba verdaderamente cohibido, padeciendo la humillación pública más dolorosa y vergonzante que hayamos podido presenciar en vivo. Y lo mismo habrán podido constatar los diputados cuando otros electores ofendidos reclamaban la muy injusta e ignominiosa jubilación que cabildearon para sí mismos sus ex colegas, Nicolás Contreras Cortés y Federico Rangel Lozano, a quienes, si tampoco son cínicos, se les dificultará gozar los miles de pesos que indebidamente recibirán cada mes como premio a haber estado siempre dispuestos a suscribir “arreglos en lo oscurito”.

LA DESPEDIDA DE INSÚA. –

A muy pocos paisanos les ha quedado oculto el dato de que Héctor Insúa, alcalde capitalino saliente, tuvo muy malas relaciones con algunos de los medios locales de comunicación, a los que nunca les embarró la mano con algún sobre “lleno de afectos”. Y que, a consecuencia de ello, hubo algunos que, como por consigna, se dedicaron a maximizar sus errores y minimizar sus aciertos, tratando de hacerle creer al público elector que Insúa fue un alcalde despótico, creído, elitista y demás calificativos por el estilo; que se olvidó de brindar buenos servicios públicos y jamás trató de hacer algo bien por los habitantes de las colonias y las comunidades rurales del municipio. Cuando es innegable que Insúa trató de proyectar Colima muchísimo más allá de los tres años que inicialmente había creído que iba a gobernar, y que, con sus varias acciones en ese sentido, dejó una huella en la administración municipal que será recordada por muchos ciudadanos, sobre todo cuando se vuelva a hablar del tema de la resiliencia, de los festivales culturales y de la inclusión de Colima en un entorno mundial de ciudades con diseño avanzado en materia de urbanismo y resolución de problemas sociales de fondo. Actividades todas que, con el estilo que lo caracteriza, ojalá continúe y mejore Leoncio Morán Sánchez, durante su segunda oportunidad como alcalde de dicha municipalidad.

PUNTO NEGRO. –

Un punto demasiado negro para la trayectoria de César Yáñez Centeno se apuntó él mismo, cuando decidió celebrar la alegría de su boda con una fiesta rumbosa, como las que sólo se pueden dar algunos millonarios, a los que no les desagrada mostrar de tanto en tanto su poderío económico.

Y es que, como lo han dicho y escrito varios analistas más, a César Yáñez, quizá más que a cualquier otro de los futuros funcionarios del gobierno amloista, le tocaba dar el ejemplo de austeridad, y no involucrar a su jefe y amigo de años en una fiesta con centenares de invitados de la que, inevitablemente ahora, van a designar como la “nueva casta dorada” del sexenio que todavía no inicia. Lástima, pues. A ver si los demás no siguen ese mal ejemplo.