20 estados no han integrado sus Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas

En rueda de prensa el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez presentó el día de hoy el resultado de una serie de consultas, que desde el periodo de transición hemos venido realizando con colectivos que atienden a las víctimas, con familiares de las víctimas y atendiendo también las recomendaciones de las agencias internacionales, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Por supuesto, este es un plan que tendrá que irse instrumentando para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, y del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior.

Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.

Ha habido avances, sin lugar a dudas, en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación.

Y por eso el acuerdo que hemos alcanzado con muchas organizaciones, a las cuales seguiremos consultando, al igual que las familias de las víctimas, es avanzar en la implementación real de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y crear el Sistema Nacional de Búsqueda.

El objetivo fundamental son 11 puntos que iré desglosando en las sucesivas intervenciones. El objetivo fundamental de este plan de implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, como uno de los retos fundamentales, prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.

La verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables.

Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Búsqueda está integrado por 42 personas, representantes de distintas instituciones. Y ahí es donde empieza la simulación que se hizo en el gobierno anterior donde, a dos semanas de terminar su gestión, se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se presentó un Plan Nacional de Búsqueda que no fue consultado con nadie, pero de los 42 integrantes, 24 no están constituidos, pues son las comisiones estatales de búsqueda que en esta fecha no se habían integrado.

De modo tal de que ahora sí queremos dar paso a una verdadera integración del sistema, porque esto requiere una coordinación muy estrecha con las entidades federativas, con sus fiscalías, porque la tarea de la búsqueda, la identificación y la aplicación de la justicia no solo corresponde al gobierno federal, sino es que es hacer una suma de esfuerzos efectiva.

Nosotros esperamos que quede plenamente instalado el sistema en el mes de marzo y daremos los pasos subsecuentes para que esto suceda.

En primer lugar, el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya se emitió la convocatoria en días pasados, los días de hoy, mañana y el miércoles estaré llevando en audiencias públicas las entrevistas a los 11 aspirantes, las 11 hombres y mujeres que han decidido participar en este proceso.

Y el viernes de esta semana tendremos ya definida a la persona que encabezará esta Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá como su responsabilidad fundamental el establecimiento de un programa nacional consensado con las víctimas, la participación, el diseño (inaudible) del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y las acciones de búsqueda, verdad y justicia para las víctimas.

Un reto fundamental va a ser la necesaria conformación de las comisiones locales.

A la fecha, tenemos solamente ocho comisiones integradas; una de estas ya en esta administración.

Tenemos otras cuatro donde ya existe el decreto de legislación que permite su conformación, pero no se ha nombrado al responsable; tenemos ya el compromiso del gobierno del estado de Veracruz para que los próximos días esto suceda y aumentar a nueve las entidades donde se ha conformado.

Pero lamentablemente en 20 entidades, a más de un año de haberse publicado la ley general, no han tomado ni medidas legislativas ni la integración correspondiente de las comisiones estatales, con lo cual urge y hacemos un llamado respetuoso a los estados de la República para que a la brevedad posible cumplan con esta disposición de ley.

Para fortalecer estos trabajos vamos a dotar de recursos suficientes, o si no suficientes, sí importantes para que cumpla puntualmente sus trabajos la Comisión Nacional de Búsqueda y el sistema en su conjunto.

Hay que señalar -y esta es otra parte de la simulación- que en el año 2018 se asignaron 468 millones 946 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejerció seis millones de pesos, es decir, ese presupuesto solamente estuvo en el papel, lo cual ha llevado no solamente a la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, limitaciones en recursos humanos y el retraso lamentable en la implementación de la ley.

Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que desde del Sistema Nacional de Seguridad podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, que cuenta con una cifra de siete mil 500 millones de pesos para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense, la atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda, de exhumación, identificación, contando con un sistema único de información.

Para ello, hemos venido elaborando, también en coordinación con las organizaciones internacionales y con las organizaciones de las víctimas, los protocolos fundamentales para desarrollar estas tareas, desde el protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, como los protocolos homologados para la búsqueda, la exhumación, la identificación y desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país, que lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio.

Dentro de las novedades, lo que queremos impulsar para favorecer las tareas de carácter preventivo y no dedicarnos solamente a la búsqueda de personas desaparecidas, que ya tiene muchos años, vamos a dar prioridad a la búsqueda en vida.

Esto nos va a permitir, por supuesto, no sólo recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada, sino también enfrentar problemas vinculados con la trata de personas.

Más aún, con este tipo de acciones que ya se han venido desarrollando se ha acreditado que efectivamente pueden tenerse resultados ante una respuesta oportuna del Estado y de las distintas instituciones públicas.

Un tema adicional es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas -que están plenamente identificadas- donde están las situaciones de riesgo de la población migrante de nuestro país.

Esto forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el ocho y el 10 por ciento de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.

Para ello se diseñarán protocolos de actuación junto con las instituciones responsables de la seguridad pública para atender, en particular, las rutas donde se presentan con mayor incidencia estos delitos, destacando, por supuesto, la ruta que va de Chiapas, cruza por Oaxaca y posteriormente el estado de Veracruz y Tamaulipas, lo cual no significa que en otros lugares no se presenten situaciones de riesgo.

Habrá que reformular de manera importante los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer efectiva la capacidad de respuesta de esta comisión en la atención de las víctimas, no solamente revisando el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, sino también las tareas de acompañamiento permanente en las búsquedas de campo, agilizando los procesos de registro de acceso a los fondos emergentes y junto con ello fortalecer la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados en donde nos faltan 12 entidades en donde puedan establecerse.

Parte nodal de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país.

Para ello van muy avanzados los trabajos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Escuela Nacional de Antropología, con las distintas agencias de Naciones Unidas, con el equipo argentino de antropología forense y esperemos (inaudible) la implementación total, pero en marzo esperamos poner en consideración del sistema la discusión de la creación de este instituto, en donde el diseño corresponderá a la secretaria de Gobernación y estableceremos mecanismos extraordinarios para responder al contexto en que se enfrenta

esta situación, desarrollando las capacidades técnicas que tanta falta nos hace, como es la creación de un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática.

No estamos pensando en la adquisición de equipos, equipos hay de manera suficiente, pero sí de coordinar la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.

El fortalecer el trabajo de identificación, incluidas las estaciones migratorias, las terminales de autotransporte y todos aquellos registros que nos permitan tener un solo banco de datos, con lo cual tendremos certeza, no solamente de la magnitud del problema, sino cómo enfrentarlo de manera más eficiente.

Para ello, vamos a contar con asistencia técnica nacional e internacional.

En particular, tenemos ya acuerdos con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, con ACNUDH, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la agencia de cooperación alemana, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y todas aquellas instituciones con las que hemos venido platicando, particularmente con la comunidad europea, en la Unión Europea, que está en muy buena disposición de, no solamente transmitir experiencias, ayudar a la formación de capacitación técnica del personal responsable de la búsqueda, identificación, sino también con recursos para desarrollar estas tareas.

Y un aspecto adicional, finalmente, es todo aquello que tiene que ver con la aplicación de la justicia y de la ley.

Por supuesto que se tiene que continuar con la conformación de las comisiones locales, y en particular con las fiscalías especializadas en los estados, que independientemente de su margen de autonomía, deben establecer mecanismos integrales de reacción e intercambio de información para tener una respuesta más eficaz.

Al mismo tiempo habrá que revisar la tipificación del delito y sus aplicaciones, lo cual implica atender la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Desaparecidas, establecer en la ley con mucha claridad, y esto es muy importante, la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos, de quienes dan las órdenes en caso de agencias del Estado para cometer este tipo de delitos.

Y, finalmente, un aspecto en el que ha insistido mucho el señor presidente de la República, el establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz o los mecanismos de protección a testigos de toda la población, a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.

Como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca más una guerra para combatir delitos que lleven a esta situación de tragedia nacional y de violación de los derechos humanos.

Ya he dado cuenta de los saldos lamentables que hemos heredado y evidentemente vamos a proceder atendiendo no solamente las recomendaciones o denuncias que existan en el ámbito nacional, sino también todas aquellas sentencias que se deriven en materia de derechos humanos contra autoridades mexicanas, ya sean las emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como los de la Corte Interamericana; ya sea de la Corte Penal Internacional, porque nadie que haya vulnerado la vida, la tranquilidad de una familia debe quedar impune.

Y sea quien sea el responsable va a ser castigado por la comisión de estos delitos.