Diputados presentan queja en la CDHEC por violaciones a sus derechos durante aprobación de deuda

Las diputadas Livier Rodríguez, Claudia Aguirre, Araceli García, Ana Karen Hernández y su homólogo Vladimir Parra presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por violaciones a sus derechos durante el proceso de aprobación de la deuda solicitada por José Ignacio Peralta por la cantidad de 740 millones de pesos.

Dicha queja se entabló por las posibles violaciones a los siguientes derechos humanos: Legalidad y debido proceso legislativo; libertad de expresión en su vertiente parlamentaria; derecho a voz y a voto como derechos parlamentarios; derecho a la democracia sustantiva; derecho a la seguridad e integridad personal, y lo que resulte de la investigación.

Comentaron que "la gente tiene en la mente la deuda de Mario Anguiano. Ya se saben el guión de memoria. Conocen el clásico artilugio de pedir un crédito millonario “en beneficio del pueblo” justo antes de terminar su mandato constitucional. El pueblo de Colima tiene memoria histórica y dignidad."

Agregaron que podrán haber intentado aprobar esta deuda inmoral violando toda legalidad, pero no podrán conseguir en cambio que la gente en las calles les crea que han aprobado esta deuda millonaria en beneficio del pueblo cuando este gobierno corrupto está por concluir.

Tras una larga narrativa de los hechos, realizada por cada uno de los legisladores, la queja interpela algunas de las normas jurídicas, tanto constitucionales como internacionales que consideran violadas en los actos que narraron, como lo es la Carta Democrática Americana, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Los legisladores también expusieron que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concretamente en el tema de la función parlamentaria como mecanismo de salvaguarda de la democracia, dice que la función de contrapeso y de fiscalización de la deuda pública y rendición de cuentas para que los presupuestos sean acordes a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

También agregaron en su queja que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado también vía control abstracto de constitucionalidad, sobre la violación al debido proceso legislativo, sentando precedentes sobre la vigencia del principio de legalidad y de deliberación democrática en el interior mismo de los procesos legislativos, ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.