TEPJF concede medidas cautelares a Diputados de Morena que se opusieron al crédito de 740 mdp del Go

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* Ordena al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de los Diputados.

Con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por los Diputados Vladimir Parra Barragán, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y Arturo García Arias, integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Colima, dentro del expediente SUP/JDC/1631/2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó un acuerdo, en el que dictó medidas de protección a favor de los Diputados antes nombrados, en las que:

• Se ordena al Congreso del Estado de Colima que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia en perjuicio de los Diputados promoventes.

• Las personas señaladas como responsables y cualquier miembro del Congreso del Estado de Colima deberán abstenerse de impedir a los Diputados promoventes, el ingreso a las instalaciones legislativas, sea el acceso presencial o virtual.

• Se ordena al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de los Diputados promoventes.

Finalmente, se turnó el expediente, para que sea la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación, la que resuelva en definitiva el fondo del asunto.

Esto representa un logro, puesto que la autoridad electoral, pone un freno a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo, como sus aliados en el Congreso del Estado, para evitar que continúen sus atropellos en contra de los legisladores que realmente defendemos los intereses del pueblo.

No permitiremos que se sigan pisoteando nuestros derechos como Diputados, por quienes a toda costa intentan que avance el crédito ilegal de 740 millones de pesos y continuaremos en la batalla legal hasta sus últimas consecuencias.