Ajustes en el PEF 2025 debilitan a dependencias de la APF

*  El presupuesto aprobado para el próximo ejercicio fiscal es de 9.3 billones de pesos.

*  Se aplicaron reducciones a ramos autónomos y generales por 35 mil 895.9 mdp.

El Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 con un gasto total de 9.3 billones de pesos, manteniendo la misma cifra propuesta inicialmente. Sin embargo, se realizaron ajustes que redujeron 35 mil 895.9 mdp (0.4% del gasto neto total) en ramos autónomos y generales, reasignando estos recursos a algunos ramos administrativos, siendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) la más beneficiada.

El 76.7% de los recortes se concentró en dos organismos: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial. El INE tendrá una disminución de 13 mil 476 millones de pesos, equivalente al 33.3% de lo inicialmente propuesto, a pesar de que realizará un histórico proceso electoral en 2025. Por su parte, el Poder Judicial experimentó un ajuste de 14 mil 042 millones de pesos (16.5% menos de lo planteado), lo que podría debilitar su capacidad operativa, especialmente para los nuevos jueces y magistrados.

Aunque la reforma constitucional en materia de organismos autónomos, originalmente no preveía su desaparición sino el traslado de sus funciones a distintas dependencias, algunos como la COFECE, IFT, INAI, CRE, CNH presupuestalmente casi desaparecen. Por lo que persisten dudas acerca de si el gobierno federal será capaz de realizar las acciones que antes llevaban a cabo los organismos autónomos.

En contraste, los aumentos se concentraron en: educación, con 14 mil 984 mdp adicionales (incluye 7 mil 124.7 mdp más para la UNAM); infraestructura, comunicaciones y transportes con 6 mil 712.5 mdp; Defensa Nacional 6 mil 292.8 mdp y la cultura 3 mil mdp.

Asimismo, se crearon dos nuevos ramos: Mujeres, con una asignación de 2 mil 093.5 mdp, y la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones, con 3 mil 010.2 mdp.

Si bien en el PEF 2025 se observa un esfuerzo para llevar a cabo un ajuste fiscal, los recursos aprobados implican una mayor debilidad financiera para las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que probablemente repercutirá en su capacidad para ofrecer bienes y servicios de calidad a la población.