“Un poder político sin límites tiende a transgredir los derechos humanos”: Marcos del Rosario

*   El director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO explica que la reforma de la supremacía constitucional es un paso más en la acumulación del poder del partido oficial y del Ejecutivo federal. “Revertir las reformas y reparar las consecuencias nos va a tomar mucho tiempo”, dice.

“Es un problema muy serio”. Aún no termina de acomodarse en la silla y Marcos del Rosario Rodríguez ya trazó la línea de la conversación. No es para menos: la llamada reforma de supremacía constitucional ha encendido focos rojos en el debate público y se ha convertido en una señal de alerta: “Con esta reforma, ya no hay ninguna personalidad que pueda, por ningún medio, revisar las reformas que se hagan a la Constitución”, continúa el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.

Explicar en qué consiste la reforma de la supremacía constitucional es casi tan complicado como entender sus efectos. En general, cuando una iniciativa de ley aprobada por el Congreso de la Unión va en contra de los derechos y principios expuestos en la Constitución, se pueden presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desde ahí la ley se revierta y quede sin efecto. En el caso de la reforma sobre la supremacía constitucional, Marcos del Rosario explica que la iniciativa surgió a raíz de la discusión pública suscitada por otra reforma, la del Poder Judicial, y como respuesta a los recursos de impugnación que se interpusieron ante la SCJN para intentar frenarla. “La respuesta del oficialismo fue este blindaje, para que, bajo ninguna circunstancia, la corte pueda dejar sin efecto la reforma al Poder Judicial”.

El académico aclara: paradójicamente, lo único que hicieron el partido oficial y sus aliados fue poner en la Constitución algo que ya ocurría. “Históricamente la corte siempre ha dicho eso, que no podían revisar las reformas constitucionales. Lo que hizo Morena fue llevar a la Constitución eso sobre lo que la corte ya se había pronunciado”. ¿Dónde está el problema entonces? En que, dado que el partido oficial tiene la mayoría en ambas cámaras —diputados y senadores—, así como en más de la mitad de los congresos locales del país, puede aprobar leyes por la vía de la reforma constitucional y no habrá una instancia que pueda revertir dichas legislaciones. Más todavía: la historia tiene muchos ejemplos de lo que ocurre cuando un solo actor actúa sin contrapesos. “Un poder político sin límites tiende a transgredir los derechos humanos porque no hay controles. Sí existe el riesgo de que ahora se realicen reformas que puedan reducir libertades o derechos fundamentales”, explica Del Rosario Rodríguez.

Aunque todavía están por resolverse en la SCJN algunos recursos como diversos amparos, lo cierto es que ahora la mira está puesta en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en la Corte Interamericana, instancias que en algún momento podrían dictar medidas cautelares. Sin embargo estas no son vinculantes y la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha manifestado que “México es un país libre, soberano e independiente, y el pueblo de México decide de acuerdo a la Constitución cuáles son las reformas constitucionales”. 

Es evidente, dice el académico del ITESO, que el gobierno de México no va a acatar ninguna recomendación externa. En ese sentido, agrega, una de las cosas que quedan por hacer es que los estados blinden sus constituciones locales, por ejemplo. “Es un escenario muy complejo. Revertir las reformas y reparar las consecuencias nos va a tomar mucho tiempo”. 

Al reflexionar sobre cómo se llegó a este momento, Marcos del Rosario dice que “nos confiamos en que las instituciones eran permanentes”. El académico se pregunta por qué no se tomaron medidas como dotar a la Constitución de las llamadas cláusulas pétreas —es decir, que no se pueden reformar en ningún momento—. “Al no tener una Constitución blindada, el populismo tarde o temprano iba a llegar y ahora es un poder político aplastante, que está arrasando con las instituciones. Hemos retrocedido 40 años”.

Para el director del Dsoj del ITESO, es momento de que las universidades trabajen aún más decididamente “en la defensa y promoción del Estado de Derecho”. También es necesario que la sociedad civil realice una presión constante y permanente. El problema, dice, es que la oposición no figura. “La que hay está vencida, devastada, ni siquiera es una simulación. Desde la ciudadanía nos estamos tardando en crear nuevos actores, nuevos liderazgos, eso dificulta las cosas, pero no significa que no pueda haber oposición”.

Sobre los escenarios por venir, Marcos del Rosario Rodríguez dice que habrá que estar al tanto de las resoluciones que tiene pendientes la SCJN, pero, sobre todo, “estar atentos a las reformas constitucionales que vengan”, concluye.