Vislumbres: Gobernadores fantoches

Por: Abelardo Ahumada

GOBERNADORES FANTOCHES

A mí no me gusta andar repartiendo adjetivos y menos si son denostativos o “descalificativos”, pero hoy, como dijeran unos vecinos de Michoacán, tengo “rete hartas ganas” de decirles, a esos diez gobernadores que se las pretenden dar de “federalistas”, que son una bola de fantoches.

Pero como percibo que con esa descripción todavía quedo corto (y no se baja la bilis que me provocaron con sus nangueras), quiero decirles que también son zafios, mites y gandules. Zafios porque como el diccionario explica, ese calificativo se aplica a los individuos “groseros, toscos en sus modales y faltos de tacto en su comportamiento”. Mites porque así les decía en Colima a los individuos sangrones. Y gandules, porque son “tunantes, bribones, pícaros y taimados”, a los que fascina jugar juegos para engañabobos. Como el de la promesa aquella de: “SI votas por mí vas a vivir tranquilo y seguro”.

Antes, sin embargo, de explicar el motivo de mis exabruptos, quiero puntualizar dos detalles muy importantes: el primero es que, desde mi perspectiva, la crisis económica que desencadenó el Covid 19 no es nacional sino mundial, Y, el segundo, que mis padres me enseñaron que cuando, por los motivos que sean, los recursos económicos que ingresan al hogar disminuyen notablemente, lo que primero debe uno hacer es reducir los gastos, apretar el cinturón y, de ser posible, buscar algún ingreso extra.

Una vez expuestas estas dos situaciones voy directo al tema: El asunto es que tenemos en México la economía deprimida, y que aun cuando hay algunos disconformes que le achacan dicha depresión al actual presidente de la República, la causa de tal depresión no deriva tanto de las decisiones que haya tomado (o dejado de tomar) él, sino a la herencia maldita que nos dejaron los presidentes anteriores, desde Luis Echeverría para acá, y cuya evidencia más clara y notoria fueron los 10.56 ¡billones de pesos!, que por concepto de la deuda pública, le dejó a Andrés Manuel el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien prácticamente la duplicó durante su sexenio. Deuda gigante que, como nosotros sabemos bien (aunque la mayoría de mexicanos lo ignore), obliga a la administración actual a pagar miles de millones de dólares al mes sólo en puros intereses. Todo esto sin tener que cansar a los lectores repitiendo la lista de los numerosos actos de corrupción que se cometieron por parte de muchísimos funcionarios de todos los niveles de gobierno a lo largo de esos mismos años.

Colateralmente, si hoy agregamos los gastos extraordinarios (y no programados) que provocó la pandemia, y tomamos nota de que por esa misma causa se han disminuido, desacelerado y aun suspendido muchas de las acciones productivas que estaban en curso hasta principios de este año en nuestro país, habremos de entender de que si hay una menor producción industrial, un menor número de las construcciones, pérdida notable en el número de empleos, así como una gran disminución en el gasto de los hogares y la derrama turística, creo que todos deberíamos entender que para 2021, 2022 y tal vez para 2023, ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni los gobiernos municipales tendrán los mismos ingresos. Por lo que, en consecuencia, ningún mandatario estatal realmente consciente de la situación debería estar exigiendo a la Presidencia de la República que les dé más cuando no hay de dónde agarrar. Y menos que le exijan que contrate nuevos créditos. Puesto que tal acción implicaría dejarnos otra carga peor aún y, como se dice coloquialmente, “nos saldría mucho más caro el caldo que las albóndigas”.

Planteando todo eso en una perspectiva doméstica, uno podría creer que si los hijos ven que sus padres andan limitados de ingresos, lo menos que deben exigir es que les compren artículos que realmente no necesitan (como ropa y zapatos de marca); que los saquen a pasear como tal vez lo hicieron antes, o que “Santa Claus” o “El Niño Dios” les traigan grandes regalos en Navidad. Y, por eso creo que lo mínimo que pudiéramos esperar de dichos gobernadores es que se comporten de manera similar y dejen de actuar como gandules.

Por otro lado, viendo las cosas como ciudadanos con responsabilidad y criterio, ¿quién autorizó a esos mandatarios estatales para aliarse y querer tumbar, como parece ser su intención, al presidente de la república? Y ¿quién autorizó, por ejemplo, a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, para recomendar a sus paisanos que viven en los Estados Unidos, votar en contra de uno de los candidatos presidenciales de aquel país, sabiendo que con eso se está saliendo de su área de responsabilidad y competencia?

Vergüenza le debería dar a ese señor por andar haciendo tales desfiguros, porque si hay ¡cuatro millones de michoacanos del otro lado de la frontera!, eso se debe no nada más a los malos gobernadores (incluido él) que ha padecido la gente de su entidad, sino a los que durante décadas hemos padecido todos los mexicanos.

En ese mismo tenor, ¿cuándo nos han preguntado JIPS a los electores colimotes si le damos permiso de que a cada rato se vaya del estado para a reunirse con los otros 9 gobernadores que, a ojos vistas, están integrando esa mafia política? Y, peor aún, ¿cuántos colimenses lo autorizaron para sumarse a todos esos falsos mandatarios “federalistas”, que lo único que realmente están haciendo es darle de golpes al presidente constitucional para (como lo pretende “Frena”), cansarlo, hartarlo, quitarle fuerzas y obligarlo a renunciar?

El sábado escuché, a propósito de esto último, las declaraciones que mediante cámaras y micrófonos difundió en sus redes el gobernador de Jalisco, para refutarle según él al presidente López Obrador las palabras que dijo en su tradicional “conferencia mañanera”, en el sentido de que su gobierno, y la secretaría de Hacienda en concreto, no sólo les han estado entregando con puntualidad los recursos que presupuestalmente les corresponden para 2020 a cada una de las 32 entidades, sino que hay algunos estados que “le deben a la Federación” ingresos hacendarios que, por vía de la recaudación, están obligados a entregarle.

Vi que el ciudadano Alfaro es un buen esgrimista verbal y que mucho de lo que se animó a decir parecía ser muy cierto, pero también noté que ya matizó mucho el discurso y que, literalmente ya se rajó de lo que junto con “El Bronco” y otros se habían atrevido a anunciar, en el sentido de que si en la Presidencia no se les atendían sus demandas, todos esos estados se podrían “salir del pacto fiscal” y, consecuentemente, “del pacto federal”, para, como quien dice, “poner su casa aparte” y constituir, acaso, una nueva nación. Como con diáfana claridad lo entendimos muchos de quienes escuchamos sus bravatas. Pero me pregunto igual, ¿Cuántos jaliscienses, cuántos coahuilenses, cuántos chihuahuenses, cuántos colimotes y cuántos neoloneses estarán de acuerdo con sus gobernadores de que sus estados dejen de pertenecer a México y empiecen a formar parte de la que por lo pronto sería una nación sin nombre?

En el caso concreto de JIPS ya vi también que se asustó por lo que estaban haciendo, y salió a declarar que él no quiere “balcanizar a México”, ni separar a Colima “del pacto federal”, y que, aun cuando Alfaro bajó un poco el tono de su reclamo airado, no quiso dar su brazo a torcer y siguió hablando fuerte para pedirle al presidente que los oiga y atienda sus reclamos.

En lo particular creo que eso lo mejor que ambos pudieron hacer, y creo también que el presidente López debe atender ese llamado. Sólo que, si de dialogar se trata, los zafios gobernadores que se las han venido dando “de muy, muy”, deben echarse primero encima una cubeta de agua con hielitos, para llegar al diálogo con su cerebro frío, con su corazón templado, sin apasionamientos, sin echar balandronadas y sin dar de manazos sobre la mesa, siendo en primera instancia conscientes de que NO FUE LÓPEZ OBRADOR quien puso en vigencia la ley fiscal que hoy rige, y que, en su caso, ésta deberá ser objeto de una revisión a fondo, para, por bien del país, tratar de sacar un nuevo acuerdo y llegar, quizá, a una nueva iniciativa de ley que, si se presenta, el Congreso de la República deberá también debatir, corregir o adicionar antes de aprobar.

Pero como todo ése es un proceso que llevará un buen tiempo, y como la recuperación económica no se logrará ni en un año ni en dos, los gobernadores “mites” deberán obligarse a dejar de echar las bravatas que con miras político-electorales han estado echando.

Los ciudadanos sabemos que dichos gobernadores temen perder en sus respectivos estados las elecciones del año que entra. Y suponen que, perdiéndolas, podrían quedar (como Nacho), debilitados y sin los apoyos populares suficientes para impedir que la contraloría y fiscalía general de la república se meta a fondo a revisar sus cuentas. Pero en vez de estarle echando leña al fuego, y “cuchileando” a quien podría ordenar tal revisión, lo que deberían de hacer, cada uno en sus circunstancias y condiciones, es dejarse ya de politiquería y ponerse a trabajar junto con sus gobernados para que la recuperación sea más pronto y se beneficien todos.

Actividad que yo muy enfáticamente le recomendaría a José Ignacio Peralta, a quien, ni dedicando todos los días hábiles que restan de su mandato a medio acomodar lo que desacomodado tiene en su administración, parece que le ajustarán los tiempos. Recomendación que, si la atiende, tal vez le pueda servir para que llegue al final de su mandato con más puntos positivos de los que hasta ahora lleva, y para que pase a la historia con más méritos que recriminaciones.