Ágora: Percepciones, confianza ciudadana y seguridad

Percepciones, confianza ciudadana y seguridad. Una realidad que no se siente.

Por: Emanuel del Toro.

Los datos estadísticos sobre violencia y/o seguridad en México arrojan más dudas que respuestas. Por principio de cuentas habría que indicar que las cifras de asesinatos que muestra el gobierno federal en turno, indican una reducción de alrededor del 33%; para efecto de los datos duros, las 58 víctimas diarias que hoy tenemos en lo que va de abril, se contraponen a las 87 víctimas diarias que solía haber hace seis meses, ni que decir de las 100 que solía haber hace seis años. Lo que pone en perspectiva la diferencia que existe entre el anterior gobierno con su estrategia de “abrazos no balazos” y el actual.

¿Se puede con ello decir que la nueva estrategia de seguridad pública, impulsada por Omar García Harfuch está funcionando? Se ha mejorado, ni dudarlo, –más si se tiene en cuenta el poco tiempo en el que se lo ha conseguido–, sólo que no parece ser suficiente. Al respecto, según datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, difundidos por el INEGI la semana pasada sobre la percepción de los ciudadanos en el tema de la violencia.

Los resultados resultan un tanto desalentadores; 61.9 de cada 100 habitantes en México, considera que es inseguro vivir en su ciudad. Esto significa que dos de cada tres personas en este país, no se siente seguro de vivir donde lo hace. El si tal proporción es o no mucho, se lo puede discutir según se lo mire; la cuestión de fondo es que se trata de la misma cifra del año pasado, cuando el número de asesinatos superaba los 80 diarios, sin embargo la sensación seguridad no se ha movido un apice. Lo menos por decir al respecto, es que si bien en términos objetivos ha disminuido la violencia, no así la percepción de la ciudadanía, que se sigue sintiendo igual de insegura que el año anterior.

¿Cómo explicar semejante contradicción, –real o aparente–, entre lo que perciben los ciudadanos y lo que refiere las cifras del actual gobierno? La más recurrente de las explicaciones en ese sentido, viene por parte de la prensa disidente u opositora, la cual da por descontado que las cifras presentadas por las autoridades están manipuladas y/o han sido cuando menos maquilladas a conveniencia por intereses políticos.

El argumento más socorrido al respecto, sugiere que el número de asesinatos ha disminuido, porque sencillamente no se contabilizan muchas desapariciones. Sin embargo, más allá de las mil y un conjeturas que se puedan hacer al respecto, lo cierto es que la información ofrecida en los registros de cada entidad, está a la vista de todos. Por lo que es poco probable que se pueda argüir manipulación deliberada. Lo que no quita de decir que la propia información disponible, siempre acusa una diferencia entre lo que es y lo que se sabe, por la sencilla razón de que se trabaja con datos disponibles, nunca con datos absolutos.

Lo que indica la posibilidad de que siempre el tema sea un tanto más complejo de lo que públicamente se piensa o admite. Detalle que lo mismo juega a favor, que en contra, según se lo mire. Así, mientras la oposición hará lo necesario para sobredimensionar el efecto político de la cuestión, intentando contrarrestar la imagen pública del gobierno, para debilitar y/o poner en entredicho la aceptación ciudadana; el oficialismo y sus aliados, harán lo correspondiente para sobredimensionar la positividad de su desempeño. Para el caso, en ambos lados del espectro político se cuecen habas, porque ambos bandos se mueven y/o pronuncian con claras intenciones electorales. No hay lo que se dice, nada nuevo bajo el sol. Cada palmo de la realidad se convierte en una disputa pública, cuyo trasfondo es el más llano interés electoral.    

Se esté de acuerdo con un bando u otro, una cosa es clara: las dudas habrán de persistir, mientras no se cuente con un mecanismo de trasparencia para llevar el correcto registro y seguimiento de las desapariciones, cuestión que por la regularidad con la que ha incidido en la última década, constituye un tema que siguen sin ser atendido de forma más eficiente. En ese sentido, asumiendo sin conceder, que las autoridades tuvieran razón, respecto a que existen muchas personas reportadas como desaparecidas, que en realidad han terminado optando por desplazarse o regresar a sus lugares de origen, –sin haber cancelado sus respectivos reportes de desaparición–, sin contar desde luego, los que por distintos motivos han sido reclutados por el narcotráfico.

Lo que queda por demás claro, es que la realidad de la seguridad y/o de la violencia percibida, es mucho más compleja de lo que en primera instancia parece. Sólo podremos dimensionar mejor el problema, cuando se haga a un mismo tiempo el esfuerzo por generar datos más fiables, y demás interpretaciones que vayan más allá de la esfera de lo ideológico, sólo de ese modo es que conseguiremos algo mejor de lo que hasta este punto hemos conseguido, no sólo en el tema de la seguridad. Porque como continuemos ese persistente estira y afloja que no va más allá de lo político, –una inercia en la que son por igual responsables, tanto oficialistas como opositores–, difícilmente conseguiremos una percepción mucho más positiva, y sobretodo mucho más seria o juiciosa.

Lo que no quita de decir que la diferenciación ente estadísticas oficiales y percepciones ciudadanas, podría deberse al hecho mismo de que modificar percepciones, lleva su tiempo. Para decirlo de otro modo, la realidad de un problema puede verse sensiblemente modificada, y sin embargo, la narrativa pública que la circunda toma un tiempo diferenciado respecto al punto en el que el ciudadano promedio lo nota. Una circunstancia de la que lo mismo echan mano, tanto los operadores del oficialismo, como su contraparte de la oposición.

Así las cosas, pienso que lo más razonable en este y otros temas parecidos, es dejar que el tiempo pase, porque sólo de ese modo podremos juzgar en su justa medida lo que recién se lleva intentando desde que la actual administración federal comenzó. Esperemos que exista otro tanto de responsabilidad del gobierno en turno, para no echar en saco roto las propias impresiones ciudadanas sólo porque no son del todo consistentes con la agenda de intereses que maneja